Seguridad
Integral Canaria lleva una década engañando a la Seguridad Social
Miércoles 08
de Febrero de 2012
La empresa del presidente de la UD Las
Palmas, Miguel Ángel Ramírez, paga
horas extras como "dietas" y "otros conceptos" para evitar cotizarlas, según documentos de la Inspección de Trabajo. Más del 70% de sus contratos son con administraciones públicas.
horas extras como "dietas" y "otros conceptos" para evitar cotizarlas, según documentos de la Inspección de Trabajo. Más del 70% de sus contratos son con administraciones públicas.
Seguridad
Integral Canaria, empresa matriz del Grupo Ralons y propiedad del presidente de la UD Las
Palmas, Miguel Ángel Ramírez, lleva al menos una década tratando de defraudar a
la Seguridad Social. Lo demuestran varios documentos de la Inspección de
Trabajo entre 2000 y 2011, que constatan que la empresa ha estado pagando horas
extras a sus vigilantes en forma de "dietas" y "otros
conceptos" para evitar cotizarlas. Con cerca de 2.000 empleados, Seguridad
Integral es una de las grandes firmas privadas de las Islas. Lo preocupante es
que más del 70% de sus contratos provienen de las administraciones públicas en
Canarias y Madrid.
La empresa corre además el riesgo de
incurrir en un delito penal si el fraude supera los 120.000 euros alguno de
esos años, lo cual no sería de extrañar ya que gasta más de 30 millones de
euros anuales en personal, según recoge en una carta de despido. Las denuncias
por parte de vigilantes, sindicatos y patronal han sido constantes a lo largo
de estos años, pero nadie de momento ha conseguido ponerle freno en estas
prácticas. Más bien al contrario, Seguridad Integral ha ido obteniendo cada vez
mayor volumen de contratos con ayuntamientos, cabildos y consejerías.
Uno de los documentos de la Inspección de Trabajo que
constata lo dicho data del 30 de noviembre de 2004. La oficina en Santa Cruz de
Tenerife había recibido una denuncia según la cual Seguridad Integral tenía en
nómina trabajadores extracomunitarios sin permiso de trabajo. La Policía
Nacional y la citada Inspección se pusieron en marcha, pero no se pudo
comprobar ese extremo. En cambio sí se localizaron vigilantes sin estar dados
de alta en la Seguridad Social. Ese fue el primer aviso.
Después de algún tiempo, en otro escrito del 7 de marzo de 2006, la Dirección
Especial de Trabajo y Seguridad Social, en Madrid, constató a partir de sus
propias indagaciones que la empresa de Ramírez tenía horas extra no cotizadas
(en las nóminas de los vigilantes figuran como "dietas") entre 2004 y
2006, que afectaban a varios trabajadores de Seguridad Integral.
Un tercer documento del 14 de julio de 2006 procedente de
la Inspección de Trabajo en Las Palmas, corrobora lo dicho en el párrafo
anterior para el periodo comprendido de 2000 a 2004. El texto deja bien claro
que "las cantidades abonadas [supuestas dietas] tienen naturaleza jurídica
de salario y deberían haber sido incluidas en la base de cotización".
El último documento de la Inspección de
Trabajo (pág. 1 y pág. 2) fue emitido hace apenas unas semanas, el pasado 11
de enero. Procede, igual que la segunda, de la Dirección Especial, sita en
Madrid. Se informa de actuaciones inspectoras durante 2008, 2009, 2010 y 2011,
y destaca que las horas extras se hacían pasar como "otros
conceptos". En el informe consta que la empresa se vio obligada por este
motivo a fraccionar el pago de los atrasos en 10 mensualidades durante el
pasado año.
De hecho este es el sistema habitual.
Seguridad Integral paga las horas extra bajo diferentes conceptos para evitar
cotizarlas; se produce una denuncia; la Inspección de Trabajo detecta el fraude
y sanciona por la vía administrativa; Seguridad Integral paga. La empresa
utiliza este sistema desde hace más de diez años, de lo que no es difícil
deducir que resulta más rentable que cumplir la ley.
Desde la Inspección de Trabajo en Las
Palmas no se ha querido comentar el asunto, aduciendo que son cuestiones
privadas, pero algunos trabajadores sí han manifestado su hartazgo ante lo
repetitivo de estas prácticas por parte de Seguridad Integral.
No hay medidas extraordinarias que se
puedan adoptar contra este engaño continuado, al margen de la sanción
administrativa, salvo que lo defraudado supere los 120.000 euros al año. El
artículo 307 del Código Penal y su jurisprudencia del Tribunal Supremo
establecen que para existir delito, además de cruzar ese límite, no solo debe
haber impago sino ánimo defraudatorio, como demuestran las sanciones de
Trabajo. No cuenta que luego la empresa se ponga al día de los pagos, ya que lo
hace después del inicio de las labores inspectoras.
Cambio de administrador único
Las continuas sanciones de Trabajo, además
de otros
sucesos poco claros relacionados con su actividad, probablemente hayan
provocado que el pasado 24 de octubre se produjera un hecho inédito en
Seguridad Integral desde que Miguel Ángel Ramírez lleva las riendas, y que da
idea de sus intenciones. Héctor de Armas Torrent, vicepresidente del Grupo
Ralons -fue portavoz del Gobierno regional en tiempos de Jerónimo Saavedra- se
convirtió en administrador único de la empresa de seguridad en sustitución del
propio Ramírez. Se debe, según fuentes del sector, a la intención de Ramírez de
evitarse problemas con la Justicia, como responsable civil de cualquier
problema en que Seguridad Integral se vea involucrada.
Esto no es una simple conjetura, ya que
Ramírez está imputado en un caso de estafa y apropiación indebida en el aeropuerto Reina Sofía
del sur de Tenerife -el jefe de seguridad de AENA inventaba horas de servicio
para Seguridad Integral- precisamente como responsable último de su empresa en
aquel momento. Este y otros problemas con la Justicia, como su condena de
cárcel por un delito contra la ordenación del territorio -el fallo está
recurrido-, le han hecho poner los pies en polvorosa y tratar de borrarse del
mapa, al menos jurídicamente.
Además de esto, Ramírez creó a finales de
noviembre pasado una nueva empresa de seguridad privada, Marsegur, en la que
figura como administrador único Jesús Miguel Acosta Santana. Con un capital
inicial de 60.200 euros, está muy lejos de los casi dos millones suscritos por
Seguridad Integral Canaria, pero deja bien clara su intención de crear un
entramado empresarial, además del Grupo Ralons que también preside. Algunos
quieren pensar que con la intención de hacer propósito de enmienda. Otros creen
que, con una condena a sus espaldas, es la fórmula que Ramírez ha encontrado
para complicar el posible trabajo de la Justicia.
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