El gran fraude de la seguridad
privada en Canarias
Varias empresas
del sector llevan años cometiendo irregularidades ante la pasividad de los
responsables políticos
Un policía conduce al detenido en la 'operación Rayo'
en el sur de Tenerife. / CNP
Por: Canarias Investiga
Dom, 05/02/2012
El pasado verano la Policía realizó en el sur de
Tenerife la primera operación en España contra el intrusismo en seguridad
privada. Hubo
varios imputados y un detenido que quedó en libertad tras declarar ante el juez. En enero se volvió a detener al mismo hombre, acusado de ejecutar el mayor fraude a la Seguridad Social en Canarias, de más de un millón de euros, a través de la misma trama empresarial. Es el ejemplo más reciente -y como se verá, no el único- de irregularidades en un sector donde se reparten jugosos contratos de vigilancia a través de distintas administraciones públicas, y que a menudo arroja más sombras que luces sobre las prácticas de las empresas contratadas.
varios imputados y un detenido que quedó en libertad tras declarar ante el juez. En enero se volvió a detener al mismo hombre, acusado de ejecutar el mayor fraude a la Seguridad Social en Canarias, de más de un millón de euros, a través de la misma trama empresarial. Es el ejemplo más reciente -y como se verá, no el único- de irregularidades en un sector donde se reparten jugosos contratos de vigilancia a través de distintas administraciones públicas, y que a menudo arroja más sombras que luces sobre las prácticas de las empresas contratadas.
Canarias Investiga ha trabajado durante meses en un
reportaje que se irá desgranando en los próximos días, y que pretende poner de
manifiesto que esta situación ocurre con el conocimiento de unos responsables
políticos que, durante muchos años, han preferido mirar para otro lado.
Ya en 2005 los cuatro principales sindicatos de
seguridad privada en Canarias (FTSP-USO, Intersindical, CCOO y UGT) hicieron
pública una carta en la que denunciaron que la empresa que se estaba quedando
con la mayor parte del pastel, Seguridad Integral Canaria, incumplía
sistemáticamente sus obligaciones laborales y tributarias, además de la Ley de
Seguridad Privada. Esa firma, propiedad del presidente de la UD Las Palmas,
Miguel Ángel Ramírez, como ESABE, de ámbito
nacional y con presencia en las dos provincias canarias, han sido habitualmente
objeto de la ira de los sindicatos, especialmente de FTSP-USO e Intersindical,
los más activos en este terreno.
Durante estos años, varias empresas de seguridad
privada -normalmente las que están fuera de la patronal Aproser-
han sido sancionadas por diferentes incumplimientos. Intentos continuados de
fraude que se han consumado en buena parte con el dinero público de los
contratos de vigilancia. Baste decir que algunas de estas empresas han
trabajado para las delegaciones de Hacienda y Seguridad Social, mientras estos
organismos detectaban impagos de las mismas empresas.
Año 2000 y siguientes: fraude a la Seguridad Social. A mediados de la década pasada la Inspección de Trabajo en Las Palmas lleva
algún tiempo interesándose por determinadas firmas de seguridad privada. En un
escrito de 2006 se comunica a la parte denunciante que Seguridad Integral Canaria lleva
cotizando horas extras como dietas desde seis años atrás, para
eludir el pago de cuotas a la Seguridad Social. Tras el requerimiento de deuda,
la empresa implicada se pone al día. Pero no de manera voluntaria, sino porque
la Inspección detecta el... ¿error? La intencionalidad del fraude es clara.
Este juego del gato y el ratón ha continuado hasta hoy con el conocimiento de los
responsables políticos, hasta el punto de convertirse en rutina,
ante el hartazgo expresado por trabajadores de la citada Inspección de Trabajo.
Este fraude, que por sus dimensiones merecerá un
capítulo aparte, no es el único. También se ha podido comprobar el pago de
horas extras fuera de nómina por parte de ESABE Seguridad, eludiendo el pago
correspondiente a la Seguridad Social. Así lo asegura una sentencia https://docs.google.com/file/d/0B5DvfIhLNYW9MzU1MWRmZDYtMjgyYi00NDk0LThjMTgtNTJlYjRjYTY0MTNk/edit?pli=1
del pasado año del juzgado de lo Social nº5 de Santa
Cruz de Tenerife. El juez no solo da la razón al vigilante de un centro
asistencial en Arona (Tenerife), que denuncia a la empresa por despido nulo.
También destaca que ESABE utilizaba una entidad ubicada en Barcelona y
vinculada a la misma firma de seguridad para realizar los pagos fuera de
nómina. Sin contar los indicios de falsedad documental sobre los partes de las
horas de servicio. Los pagos bajo cuerda han sido puestos en conocimiento de la
Inspección de Trabajo, que el pasado año impuso un expediente sancionador
a ESABE por la negativa a aportar los documentos que le requerían.
2005. Valle Tabares, centro de operaciones ilícitas. La Fiscalía de Menores es informada ese año de actuaciones de la Policía
contra vigilantes sin titulación, en el centro de menores de Valle Tabares, en
Tenerife. Meses más tarde la Dirección General del Menor suspende a 24 vigilantes
-22 en este centro, 2 más en Gran Canaria- por tener antecedentes penales como
violencia de género, tráfico de drogas y robos con violencia. Uno de ellos
estaba además en busca y captura.
A los responsables políticos no les parecieron
suficientes las denuncias por malos tratos, palizas, violaciones, motines, incendios
y tres muertes dadas a
conocer por el Diputado del Común. Tuvo que darse la casualidad de que un
antiguo director de la prisión Tenerife II reconociera a uno de estos
vigilantes como ex recluso de la cárcel, y lo pusiera en conocimiento de la
Fiscalía. Años después, los problemas no cesan en este lugar, incluyendo amotinamientos
de los menores.
En verano de 2010 se destapa además la operación Bachiller,
donde se detiene a 15 personas por falsificar títulos de Bachiller y FP a
través de una academia de seguridad privada compinchada, certificados
necesarios para acceder a los puestos de director o jefe de seguridad. En una
ramificación de las investigaciones, nueve vigilantes de Valle Tabares son detenidos por falsificar su título.
Pertenecían a Dialse, otra empresa muy conflictiva que acabó desapareciendo.
2009. Contabilidad creativa en el aeropuerto Tenerife
Sur. El 3 de marzo de ese año la Guardia Civil detiene al
jefe de seguridad de AENA en el aeropuerto Reina Sofía del sur de Tenerife. Se
comprobó que entre enero de 2007 y febrero de 2009 contabilizó más horas de las
reales a los vigilantes de seguridad privada, defraudando a AENA 186.800 euros.
De nuevo aparece el nombre de Seguridad Integral Canaria. El responsable de
contabilidad de esta empresa resulta imputado, aunque el juez instructor -la
causa sigue abierta- no logra probar la complicidad entre ambos. Miguel Ángel
Ramírez resulta igualmente imputado por delitos de estafa y apropiación
indebida.
es muy esclarecedor de las circunstancias en las que
se produjeron los hechos: "Como él mismo [Miguel Ángel Ramírez] manifestó
en su declaración judicial, 'en condiciones normales, el cumplimiento
escrupuloso de las condiciones fijadas en el pliego de contratación suponía un
resultado deficitario para el patrimonio de la empresa'". El juez no tiene
dudas de que esta afirmación es un indicio de la intención defraudatoria,
además de que la empresa adaptaba su contabilidad para hacerla coincidir con
las horas de servicio inventadas.
(En ese mismo periodo 2007-2009 se produce en el
Cabildo de Gran Canaria una trama de cobro de comisiones ilegales, con horas de
servicio ficticias, en el servicio de seguridad privada a cargo de Seguridad
Integral Canaria. Mismo método, misma empresa, aunque en este caso la compañía
se desentendió expulsando a los imputados).
Por sorpresa y contra todo pronóstico, en octubre
pasado se supo que AENA está conforme con el servicio
prestado durante el tiempo en que se produjo el fraude del
aeropuerto, y que no tiene intención de sumarse a la demanda tras haber
anunciado lo contrario en 2009. Tal es el sinsentido que caracteriza este
sector en Canarias.
2010. Jefes se seguridad sin titulación. Desde finales de 2009, se empiezan a detectar en el Hospital Universitario
de La Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, varios miembros del servicio de
seguridad privada, proporcionado por ESABE, sin la titulación requerida. Tras
varias denuncias a la Subdelegación del Gobierno -el intrusismo en seguridad
privada está vigilado por la Policía-, se detecta en 2010 que un director de seguridad,
dos jefes de seguridad y
un vigilante están incurriendo
en infracciones graves, extremo que es confirmado por el subdelegado del
Gobierno en ese momento. Dichas infracciones suponen multas de 300 a 30.050
euros y suspensiones de hasta un año para ejercer.
2011. La Policía actúa. El año pasado ha sido uno de los más movidos en el sector en Canarias.
Huelgas, una historia con tintes novelescos en la universidad, dos actuaciones
policiales y un robo ha sido lo más destacado.
Uno de los hechos más controvertidos fue el culebrón
que se produjo en la ULPGC con motivo de la renovación del servicio de
vigilancia. Este medio adelantó que la universidad hizo oídos sordos a
la auditoría de su jefe de seguridad, que recomendaba no renovar el
contrato de más de tres millones de euros a Seguridad Integral Canaria por
diferentes incumplimientos, y hacer un nuevo concurso público. Pero el propio
servicio jurídico de la ULPGC desautorizó esa auditoría, recomendando lo
contrario, renovar el contrato. Reuniones inéditas en la cúpula universitaria,
un presunto ataque informático, filtraciones, informaciones confusas, una
supuesta visita de una empresa rival y un conflicto laboral terminaron de
enredar la cuestión, que se solventó con la renovación del servicio a la misma
empresa.
En agosto se llevó a cabo en el sur de Tenerife la operación
Rayo, primera en España contra el intrusismo en seguridad privada. El Grupo
Operativo de Seguridad Privada (GOSP) de la Policía Nacional detuvo a un hombre
acusado de un delito de intrusismo. El detenido y el resto de imputados
ofertaban servicios de seguridad establecimientos del sur de Tenerife,
empleando trabajadores sin titulación oficial. A pesar de las continuas
sanciones, el sistema utilizado era tal que cuando la empresa del acusado era
obligada a abonar la sanción, esta era descapitalizada y dada de baja en el
registro mercantil, con lo que la actuación inspectora era inútil.
El 4 de noviembre pasado unos desconocidos se hicieron
pasar por vigilantes de seguridad y robaron medio millón de euros
del supermercado La Hucha, en La Laguna (Tenerife) a punta de pistola. La
manera en que ejecutaron el robo y el hecho de que portasen uniformes de
Seguridad Integral Canaria -la empresa que custodiaba el recinto- demostró que
el golpe había sido planificado minuciosamente. La Policía sospechó enseguida
de miembros de la red desarticulada en
la operación Bachiller, que también habían pertenecido a Seguridad
Integral hasta que fueron despedidos tras ser acusados en verano de 2010 de
falsificar títulos.
Hace dos meses, este medio adelantó que la Policía
preparaba una segunda operación el el sur de
Tenerife, que se llevó a cabo semanas después con la detención de
principal acusado en la operación Rayo, por estafar 1'2 millones a la Seguridad
Social, la mayor cifra defraudada en Canarias hasta ahora.
Las huelgas se han debido principalmente a las
reducciones de plantilla, causadas en buena parte por impagos de las
administraciones públicas. Por tanto las más afectadas han sido las que más
dependen de servicios contratados por estas. Según datos de la patronal Aproser, la cuarta parte
de las contrataciones en España depende de las administraciones. Pero algunas
empresas superan con mucho esta proporción, llegando al 70-80%, y han resultado
por tanto más afectadas que las que dependen en mayor cuantía del sector
privado.
Este año promete nuevas informaciones. Inspección de
Trabajo, jueces, policías y los propios vigilantes están tomando conciencia del
cáncer que supone para la sociedad y para ellos mismos tolerar estos
comportamientos propios de empresarios que se ven como seres omnipotentes. Solo
la clase política, de momento, parece vivir ajena a una realidad que también a
ellos les quiere comer por dentro, en una versión más del Ensayo sobre la
ceguera de José Saramago.
http://www.canariasinvestiga.org/el-gran-fraude-de-la-seguridad-privada-en-canarias
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