Suspendidos en Tenerife 24 trabajadores de dos
centros de menores
Un cuidador
estaba en busca y captura y otros tenían causas pendientes por robos o lesiones
El informe confirma la situación explosiva
advertida por el Diputado del
Común en su último documento, que advertía un panorama lleno de denuncias constantes de malos tratos, palizas, violaciones, motines, intentos de quemar vivos a compañeros, incendios y al menos tres muertes, además de varias fugas de internos.
Común en su último documento, que advertía un panorama lleno de denuncias constantes de malos tratos, palizas, violaciones, motines, intentos de quemar vivos a compañeros, incendios y al menos tres muertes, además de varias fugas de internos.
El presidente canario, Adán Martín Menis,
adelantó ayer que "se estudiará caso por caso" hasta determinar quién
se reincorporará y en qué puesto y a quién se le extinguirá el contrato. De los
24 trabajadores apartados de sus funciones, cinco pertenecen a la empresa
Seguridad Integral Canaria, que ayer mismo anunció su separación del servicio. De
los otros 19 restantes, empleados de la fundación Ideo, dos fueron despedidos y
17 han sido separados cautelarmente. Un cuidador estaba en busca y captura y
los demás han tenido contenciosos con la Justicia, por maltrato físico a sus
parejas, tráfico de drogas, robos con violencia o lesiones, además de estar
implicados en reyertas y distintas causas policiales (hurtos, omisión del deber
de socorro, resistencia a la autoridad, impago de multas) los últimos cinco
años, informó a este periódico el director general del Menor, José Luis
Arregui.
Esta dirección general cambió de titular en
junio pasado, después de que el presidente canario rompiera un pacto con el PP,
con quien los nacionalistas habían gobernado los últimos 10 años en las islas.
El pasado 4 de octubre, el nuevo equipo del departamento -en el que se
encontraba el anterior director de la prisión Tenerife II, Juan Carreiro- hizo
una visita al centro de Valle Tabares (de 112 plazas), habitado por 71 jóvenes
de 14 a 23 años (35 en régimen cerrado y 36 en semiabierto), distribuidos en distintos
módulos, según su peligrosidad. Durante esa jornada, Carreiro identificó a uno
de los monitores como un antiguo recluso que había cumplido condena por tráfico
de estupefacientes. Cuando Carreiro informó a la Fiscalía, ésta contestó que ha
solicitado en tres ocasiones en los últimos años un listado de los trabajadores
del centro, por sospechar que en el perfil de la plantilla se encontraba la
explicación de algunas de las irregularidades que se cometían en su interior.
Investigación
El pasado miércoles, el Gobierno canario
recibió un informe completo con los 24 casos detectados en Valle Tabares. José
Luis Arregui confirmó ayer que se dirigirá a la Fiscalía de Las Palmas para que
investigue al personal de los centros de esta provincia a fin de detectar casos
similares. Además de identificar a estos 24 miembros de la plantilla, la
Fiscalía conmina al Gobierno a que actúe en consecuencia, a que informe de las
medidas que se adoptarán, responda si se producirá o no un cambio en la
política de contratación del personal y qué medidas se adoptarán en el futuro
para garantizar la idoneidad de los trabajadores para la misión que desempeñan
en el centro. Arregui entiende que una persona con antecedentes penales o
policiales "no es el referente" para jóvenes "que se quieren
reinsertar en la sociedad" y considera que "algo habrán tenido que
ver estas personas con lo ocurrido en el interior de los centros hasta
ahora".
El coordinador de la Fiscalía de Menores,
Miguel Serrano, descartó que esta medida equivalga a una caza de brujas.
"Se trata de un problema de idoneidad", contestó, "cuando se
necesitan expertos en tratamientos de privación de libertad que eviten
problemas con profesionalidad, en vez de aplicar la pura represión".
Segunda oportunidad
"Mi interés superior es el
menor", aclara Arregui. "Llevo 24 años trabajando en la reinserción
de adultos y justamente por ello sé de lo que estoy hablando". Añade
Arregui: "Los menores tienen que ser conscientes de que se les priva de
libertad por haber hecho algo incorrecto, algo que ha dañado a la sociedad: y
de que este centro es una segunda, a veces última, oportunidad de encauzar su
vida con respeto a los demás".
Frente a las críticas sobre supuesta
desmotivación del personal, Arregui advierte que la fundación Ideo premia a sus
trabajadores "con los mejores sueldos con diferencia de todo el
país". El coordinador de la Fiscalía del Menor, Miguel Serrano, reconoció
que "la política de personal es clave" para desarrollar un buen
proyecto en este campo.
"¿Y en el resto del país?"
A la pregunta de "qué pasa en
Canarias", el fiscal Miguel Serrano contraataca con otra: "¿Qué pasa
en el resto del país?" En su opinión, con la entrada en vigor de la Ley
del Menor en 2001 en el resto del país se produjo una especie de "amnistía
encubierta, incluso con autores de delitos gravísimos", de tal manera que
la mayoría de las comunidades aplicaron un "borrón y cuenta nueva" y
comenzaron su política "casi desde cero". No ocurrió así en las
islas, donde "ni un solo chico de 16 ó 17 años salió a la calle". Ese
hecho, junto a una deficiente y errática política gubernamental en materia de
menores y la descoordinación administrativa con los cabildos insulares,
explican en parte la alarma que estos centros han levantado en las islas respecto
al resto del país. El fiscal coordinador de Menores en la provincia de Santa
Cruz de Tenerife añade que la alarma suscitada alrededor de los centros de
menores sometidos a medidas judiciales no es un síntoma de un mayor deterioro
de la infancia y juventud en las islas. Según manifiesta, el índice de
delincuencia juvenil en las islas "no es ni más ni diferente que en el
resto del país".
"Situación insostenible"
En junio pasado, el Diputado del Común
(figura homóloga al Defensor del Pueblo en Canarias), Manuel Alcaide, denunció
que los seis centros para menores con medidas judiciales padecían una
"situación insostenible", requerían una "intervención
urgente" y registraban "maltrato institucional".
Desde entonces, en Tenerife cerraron dos
centros (Valle Tabares I y Nivaria,refundidos en el nuevo Valle Tabares II, y
permanecen abiertos los de Hierbabuena y Mesa Ponte. En Gran Canaria sólo hay
dos centros (Gáldar y La Montañeta), con una lista de espera para ingresar que
supera los 50 jóvenes. No hay centros en las cinco islas periféricas. La
plantilla de profesionales contratados es de 600; de ellos, 300 son educadores,
150 cuidadores y el resto personal técnico (profesores, sanitarios, cocina).
Además hay unos 250 vigilantes de seguridad. Sólo en Valle Tabares, considerada
una auténtica fortaleza, la Fundación Ideo tiene 260 contratados (100
educadores, 60 cuidadores, 30 monitores, y el resto personal técnico), además
de casi 100 personas en labores de seguridad.
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