Carta a la Defensora del Pueblo
contra tasas judiciales
Sra. Defensora del Pueblo:
Buenos días. Soy ……… [datos de identificación completos, incluyendo dirección postal]
y me dirijo a usted por un asunto urgente y grave en relación con
el cual solicito su urgente intervención: el inconstitucional proyecto de ley
de tasas judiciales en tramitación parlamentaria, ya acabada la fase de
enmiendas en el Congreso y que se pretende que entre en vigor el 1 de enero de
2013.
El Tribunal Constitucional, siguiendo a los
tribunales europeos, sólo admite las tasas cuando por su importe no
impidan el acceso a la jurisdicción por motivos económicos y ése va a ser el
efecto sin ninguna duda. En Civil cualquier pleito civil normal y corriente
costará 2.000€ y bastante más solo la demanda (efecto de la tasa variable,
conforme al sistema de 300€ de tasa fija más el 0,5% de la “cuantía procesal”,
es decir, del interés económico del pleito, por demanda en “juicios
ordinarios”), con análogas cantidades en contencioso-administrativo; y en la
jurisdicción social el trabajador o el pensionista para recurrir una sentencia
desfavorable pagará 500€. Se pretende que abonen esas tasas en todas las
jurisdicciones excepto la penal todas las personas físicas sin derecho a
justicia gratuita (el doble del IPREM por unidad familiar, poco más de 1.000€/mes)
y jurídicas. Única excepción: el Estado en todas sus formas, y el Fiscal. Por
materia ni siquiera excluido Derecho de Familia, salvo menores y alimentos.
¿Quién hay en España que pueda pagar 2.000 y 3.000 euros que resultan en cuanto
hay un inmueble por medio o una reclamación de indemnización por muerte, o
hasta los 400€ de mínimo de cualquier pleito sin cuantía, y ello contando solo
primera instancia? No desde luego las familias que malviven con 1.100€ al mes;
pero tampoco la gran masa de clase media.
Es el fin de Derecho del Consumo (se ve
frotarse las manos a las compañías telefónicas, aéreas y demás empresas que
sistemáticamente abusan de los consumidores) y de la protección contra la
arbitrariedad del Estado que confiere la jurisdicción contencioso-administrativa
(¿quién recurrirá una expropiación injusta o reclamará por error médico en la
Sanidad Pública, teniendo que poner de su bolsillo esas cuantías elevadísimas,
o quién recurrirá una multa de tráfico arbitraria de 200€ cuando tiene que
pagar de tasa el doble?); y en Derecho Civil, la ley del más fuerte. Ante la
impunidad para el Estado y para el más poderoso, decir que volvemos a situación
preconstitucional es decir muy poco. Ya es sangrante que el Estado no pague
tasas y que a las empresas les resulta irrelevante tanto la tasa como
cualquier otro gasto procesal (se deducen tanto las tasas como el IVA de sus
abogados y procuradores al 21% y las minutas completas de estos),
mientras los particulares asumen tasas, IVA, gastos y minutas.
Abogados de todos los sectores e ideologías
de toda España se están movilizando individual, colectiva e institucionalmente
para conseguir la máxima difusión de lo que constituye un gravísimo atropello
contra el Estado de Derecho, como repiten con rechazo categórico el Consejo
General de la Abogacía Española y los Colegios de Abogados, para intentar evitar que salga
adelante el proyecto al que se oponen todos los Grupos
parlamentarios en la oposición y numerosos
operadores jurídicos incluyendo fiscales y jueces, catedráticos
de universidad, procuradores, juristas de todo tipo,
las asociaciones de consumidores, sindicatos y numerosas entidades.
Me dirijo a usted en la certeza de que
tiene que compartir nuestra preocupación y no quedará impasible ante
tal ataque contra la esencia misma del Estado de Derecho,
porque bajo ningún
pretexto
puede pretenderse descongestionar los juzgados a costa de la indefensión
masiva e irreversible de los ciudadanos. Que la Defensora del Pueblo alce su voz
AHORA que todavía es posible evitar la aprobación del proyecto
y exprese el tajante rechazo que sin duda le tiene que merecer el proyecto
tiene mucho peso para evitar que haya que llegar a un recurso de
inconstitucionalidad, porque en
el largo camino hasta conseguir una sentencia del Tribunal Constitucional
quedarían irremisiblemente perdidos los derechos de muchos ciudadanos.
Está en juego el mismo Estado de Derecho. Gracias por su atención y un saludo.
Fdo. …..
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